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La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos, para adaptar la legislación española al RGPD.

El proyecto tiene que pasar ahora por el Pleno del Congreso y del Senado, por lo que todavía se puede introducir alguna pequeña enmienda, pero se espera que el texto definitivo se apruebe antes de final de año.

El texto aprobado en la Comisión de Justicia mantiene, con pequeños matices, la práctica totalidad de las disposiciones incluidas en el proyecto inicial, que adapta la legislación española a la nueva regulación comunitaria contenida en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Puede consultarse el texto completo del Proyecto en la página del Congreso de los Diputados.

Como novedades destacadas, se añade ahora un capítulo sobre los denominados «derechos digitales», en el que se regulan cuestiones muy diversas como por ejemplo la educación digital, el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral, el derecho de rectificación en internet o el llamado «testamento digital», entre otras materias ajenas a la protección de datos.

En cuanto a las obligaciones para empresas y profesionales, el texto aprobado concreta y detalla las directrices más genéricas del RGPD, y así por ejemplo el art. 34 del proyecto incluye una lista, amplia y detallada, de empresas y profesionales autónomos que tendrán obligación de designar un Delegado de Protección de Datos (DPO) cuando entre en vigor la nueva LOPD. De acuerdo con este artículo, la obligación de designar un Delegado de Protección de Datos no afecta sólo a las grandes empresas cotizadas (banca, seguros, compañías eléctricas, telecomunicaciones…). La nueva LOPD enumera una larga lista de actividades que exigirán la designación de un DPO, aunque se trate de pequeñas empresas o profesionales autónomos: centros docentes, centros sanitarios, empresas de seguridad privada, federaciones deportivas y todas las personas o entidades sujetas a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (lo que a su vez incluye a promotoras y agencias inmobiliarias, auditores de cuentas, asesores fiscales, abogados y procuradores que intervengan en la constitución de sociedades o en la gestión de fondos y valores, casinos, joyeros, anticuarios, administraciones de lotería y todo tipo de fundaciones o asociaciones).

Además, el proyecto de nueva LOPD considera como “infracción grave” el incumplimiento de esta obligación, por lo que la falta de un delegado de protección de datos cuando sea legalmente exigible puede dar lugar a sanciones económicas muy elevadas.

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